En la actualidad 3.5 millones de personas en España, 800.000 en Andalucía y más de 50.000 en la provincia tienen algún tipo de discapacidad, lo que en términos globales suponen un 8% de la población.
Los andaluces discapacitados luchan todos los días para intentar integrarse en nuestra sociedad, pero no lo tienen fácil. La tarea es complicada, desde el punto de vista de las barreras físicas y sociales, con las cuales deben enfrentarse a diario.
Constitucionalmente este colectivo tiene los mismos derechos que el resto de los ciudadanos “no discapacitados”, pero lo cierto es que les cuesta mucho más acceder a los mismos. Esta situación debe cambiarse en el corto plazo, poniendo en marcha políticas activas encaminadas a garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad.
Es de justicia reconocer que en estos últimos años se han realizado grandes avances en aprobar normativas y medidas de inserción. Pero en demasiadas ocasiones la teoría únicamente se ha quedado solamente en eso y en la práctica las distintas administraciones no han sido capaces de lograr de forma plena y en las mismas condiciones que el resto de población, el acceder a servicios y derechos públicos en un mismo plano de igualdad.
Desde mi punto de vista, la integración escolar es aún un reto pendiente. En primaria y secundaría se sigue utilizando modelos nada inclusivos, como son las aulas específicas, donde la convivencia y la integración de las personas con discapacidad con el resto de los compañeros del centro no se hace posible. La oferta de formación profesional es una utopía, respecto hacía las personas con necesidades educativas especiales. Y por último, el escaso 3% de personas que llegan a la universidad se las ven y se las desean para que sus estudios y las prácticas de los mismos se adapten a su discapacidad.
El acceso a un puesto de trabajo no es posible para más del 50% de las personas discapacitadas, 85% si son discapacitados intelectuales. Por lo que difícil o casi imposible es que una persona que no tenga una autonomía laboral pueda integrarse de forma plena en nuestra sociedad.
Y más retos pendientes nos encontramos a diario en materia de accesibilidad respecto a barreras arquitectónicas, acceso a Internet, televisión digital, etc.
Desde CCOO pensamos que la integración social de las personas con discapacidad es aún en pleno siglo XXI un reto pendiente y que la igualdad es un valor fundamental en una sociedad democrática, que debe llegar de forma equitativa a todos los ciudadanos sean discapacitados o no.
Los andaluces discapacitados luchan todos los días para intentar integrarse en nuestra sociedad, pero no lo tienen fácil. La tarea es complicada, desde el punto de vista de las barreras físicas y sociales, con las cuales deben enfrentarse a diario.
Constitucionalmente este colectivo tiene los mismos derechos que el resto de los ciudadanos “no discapacitados”, pero lo cierto es que les cuesta mucho más acceder a los mismos. Esta situación debe cambiarse en el corto plazo, poniendo en marcha políticas activas encaminadas a garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad.
Es de justicia reconocer que en estos últimos años se han realizado grandes avances en aprobar normativas y medidas de inserción. Pero en demasiadas ocasiones la teoría únicamente se ha quedado solamente en eso y en la práctica las distintas administraciones no han sido capaces de lograr de forma plena y en las mismas condiciones que el resto de población, el acceder a servicios y derechos públicos en un mismo plano de igualdad.
Desde mi punto de vista, la integración escolar es aún un reto pendiente. En primaria y secundaría se sigue utilizando modelos nada inclusivos, como son las aulas específicas, donde la convivencia y la integración de las personas con discapacidad con el resto de los compañeros del centro no se hace posible. La oferta de formación profesional es una utopía, respecto hacía las personas con necesidades educativas especiales. Y por último, el escaso 3% de personas que llegan a la universidad se las ven y se las desean para que sus estudios y las prácticas de los mismos se adapten a su discapacidad.
El acceso a un puesto de trabajo no es posible para más del 50% de las personas discapacitadas, 85% si son discapacitados intelectuales. Por lo que difícil o casi imposible es que una persona que no tenga una autonomía laboral pueda integrarse de forma plena en nuestra sociedad.
Y más retos pendientes nos encontramos a diario en materia de accesibilidad respecto a barreras arquitectónicas, acceso a Internet, televisión digital, etc.
Desde CCOO pensamos que la integración social de las personas con discapacidad es aún en pleno siglo XXI un reto pendiente y que la igualdad es un valor fundamental en una sociedad democrática, que debe llegar de forma equitativa a todos los ciudadanos sean discapacitados o no.
